¿Quién paga el precio del desorden vial?
El tránsito en la República Dominicana se ha convertido en una tragedia cotidiana que cobra miles de vidas cada año y representa una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana y a la sostenibilidad del sistema de salud. Según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, en 2024 se registraron 3,114 muertes en accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio cercano a ocho muertes diarias. En 2022 la cifra también fue alarmante, con 2,921 fallecidos, situando al país entre los de mayor tasa de mortalidad vial de la región. Estos números reflejan hogares enlutados, pérdida de productividad y una carga hospitalaria inmensa. Los costos médicos asociados son desorbitantes: en casos severos, la atención de un solo paciente puede superar los RD$700,000 diarios, considerando cirugías, cuidados intensivos, rehabilitación y tratamientos prolongados. Esto representa un drenaje constante para los hospitales públicos y privados, que muchas veces absorben la mayor parte de esos gastos con presupuestos limitados.
El deterioro de la civilidad en las calles tiene múltiples causas. La primera es la aplicación insuficiente de la ley y la percepción de impunidad, que alimenta la idea de que violar las normas no trae consecuencias reales. A esto se suma la falta de educación vial, tanto en la formación escolar como en la capacitación de conductores, lo que normaliza la imprudencia. El alto número de motocicletas en circulación, muchas sin seguro ni casco, la informalidad laboral ligada al motoconcho y la ausencia de mantenimiento adecuado de los vehículos incrementan la vulnerabilidad. La infraestructura deficiente, la carencia de pasos peatonales seguros y un transporte público ineficiente empujan a los ciudadanos a conductas peligrosas. También inciden factores culturales: la prisa, la frustración, la costumbre de tomar atajos y el consumo de alcohol como parte de la vida social, que a menudo se mezcla con la conducción.
Revertir este panorama exige un plan integral. Entre las medidas más urgentes se encuentra la implementación de un sistema de puntos en las licencias combinado con fiscalización tecnológica intensiva, como cámaras y radares, para asegurar que las sanciones sean efectivas y automáticas. Igualmente, la educación vial debe convertirse en materia obligatoria en las escuelas y en requisito periódico para la renovación de licencias, además de extenderse a empresas y asociaciones de transporte. La justicia debe ser más ágil en la gestión de infracciones, con tribunales especializados o procedimientos rápidos que reduzcan la impunidad y garanticen el cobro de multas, a la vez que se premia el buen comportamiento con incentivos como descuentos en seguros. Otra acción esencial es la inversión focalizada en infraestructura: reductores de velocidad en zonas escolares, pasos peatonales seguros, iluminación adecuada y corredores exclusivos para motos y bicicletas, junto con la mejora sostenida del transporte público. Finalmente, se requiere fortalecer la respuesta prehospitalaria y los programas de rehabilitación para reducir la mortalidad y secuelas, además de crear un registro transparente de los costos hospitalarios derivados de los accidentes, de modo que se visibilice su impacto económico y se justifiquen mejor las inversiones en seguridad vial.
La República Dominicana enfrenta una emergencia que no puede seguir normalizándose. Más de tres mil muertes al año por accidentes de tránsito equivalen a una guerra no declarada que afecta a toda la sociedad. Solo con la combinación de control efectivo, educación temprana, infraestructura segura, justicia ágil y un sistema de salud preparado será posible recuperar la civilidad en la vía pública y salvar miles de vidas en los próximos años.