El sistema eléctrico dominicano: un barril sin fondo financiado por todos
Los datos oficiales no dejan espacio para la complacencia. Según el último informe del Ministerio de Energía y Minas, a noviembre de 2025 las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 42.9 % de la energía adquirida. En términos simples y contundentes: por cada 100 gigavatios-hora comprados, casi 43 se pierden antes de convertirse en ingresos reales para el sistema.
Entre enero y noviembre de 2025, las EDE adquirieron 19,091.1 GWh. De ese total, 7,418.6 GWh no fueron facturados, lo que representa un 38.9 % de pérdidas técnicas y no técnicas, a lo que se suma un 4.1 % de energía facturada pero no cobrada. El resultado es demoledor: casi la mitad del sistema eléctrico opera fuera de toda lógica de eficiencia económica.
Este no es un problema técnico aislado ni un fenómeno coyuntural. Es la manifestación de un modelo estructuralmente disfuncional, donde la falta de incentivos, la débil gobernanza y la captura política han convertido al sistema eléctrico en un sumidero permanente de recursos públicos.
La prueba más clara está en el presupuesto. Para 2026, la Ley de Presupuesto General del Estado asignó 85,150 millones de pesos en transferencias a las EDE, calculados bajo el supuesto de un precio del petróleo de 47.8 dólares por barril. Sin embargo, las proyecciones internacionales apuntan a precios significativamente superiores, lo que hace altamente probable un nuevo ajuste al alza, tal como ocurrió en 2025.
Ese año, el presupuesto original contemplaba 83,360.7 millones de pesos, pero tras la revisión presupuestaria el monto se elevó a 101,985.7 millones. Es decir, casi 18,600 millones adicionales para cubrir exactamente el mismo problema: pérdidas que no se corrigen, ineficiencias que no se sancionan y un sistema que no mejora.
Lo verdaderamente preocupante no es solo la magnitud del subsidio, sino su normalización política. Mientras las EDE sigan operando bajo la certeza de que el déficit será cubierto por el Estado, no existe incentivo real para reducir pérdidas, mejorar la cobranza o modernizar la gestión. El resultado es perverso: la ineficiencia se premia y el contribuyente paga.
Cada peso transferido para cubrir energía perdida es un peso que no va a salud, educación, seguridad o infraestructura productiva. Es un impuesto implícito, invisible pero constante, que recae sobre ciudadanos que muchas veces sí pagan su factura eléctrica completa, mientras financian un sistema que tolera el despilfarro y la informalidad.
El problema del sistema eléctrico dominicano no es la falta de recursos, sino la ausencia de responsabilidad. No se trata de cuánto dinero se asigna, sino de por qué, año tras año, se asigna más sin exigir resultados. Sin una reforma profunda de gobernanza, sin metas claras de reducción de pérdidas y sin consecuencias reales por incumplimiento, el sistema seguirá siendo lo mismo que hoy reflejan los números: un barril sin fondo sostenido por los contribuyentes.
La pregunta ya no es cuánto más puede gastar el Estado, sino hasta cuándo la sociedad aceptará financiar la ineficiencia como política pública.