Cuando la política convierte al Estado en una empresa de empleos
La República Dominicana enfrenta un problema que muchas veces se discute como una simple estadística presupuestaria, pero que en realidad refleja un modelo de Estado profundamente equivocado.
Según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), al cierre de 2025 la nómina pública alcanzó 773,025 empleados. Solo en un año se añadieron 33,804 nuevos trabajadores, y si se observa la última década el crecimiento es todavía más revelador: más de 255 mil nuevos empleados públicos.
Las cifras del Banco Central muestran algo aún más preocupante. Durante 2025, casi el 40% de los nuevos empleos creados en el país fueron puestos del Estado, y en el último trimestre del año esa proporción llegó a 64%. Es decir, la mayor parte del crecimiento del empleo no provino de la economía productiva, sino del aparato estatal.
Este fenómeno no es simplemente una expansión administrativa. Es la señal de que el Estado dominicano está siendo utilizado como la mayor empresa de empleos del país.
Cuando el aparato público se convierte en el principal generador de trabajo, se distorsiona el sentido mismo del Estado. Su función natural debería ser garantizar instituciones sólidas, seguridad jurídica, infraestructura y condiciones para que la sociedad produzca riqueza. Pero cuando la lógica dominante pasa a ser la empleomanía, el Estado deja de servir al desarrollo nacional y pasa a servir a la política clientelar.
Cada nuevo empleo público no solo representa un salario. Representa también una obligación permanente para las finanzas públicas. Según la ley de presupuesto de 2026, el gasto en remuneraciones representará 23.2% del gasto público total, siendo nuevamente la partida más grande del presupuesto.
Sin embargo, el costo real de esta expansión no se mide únicamente en el monto que aparece en las cuentas públicas. El verdadero costo es todo lo que la nación deja de hacer con esos recursos.
Cada peso que se destina a expandir una nómina estatal innecesaria es un peso que no se invierte en infraestructura, innovación, productividad o empresas que generen valor real. Es dinero que se extrae del sector productivo —de quienes trabajan, producen e invierten— para sostener un aparato que muchas veces responde más a intereses políticos que a necesidades nacionales.
Con el tiempo, esta dinámica crea una economía dependiente del Estado, donde la estabilidad laboral de miles de personas queda atada al ciclo político, en lugar de a la fortaleza del sector productivo.
Una nación no puede construir prosperidad duradera si su mayor generador de empleos es el propio Estado.
El país necesita un cambio de enfoque. El objetivo no debe ser agrandar la nómina pública, sino fortalecer la economía productiva, estimular la inversión, promover el emprendimiento y liberar las energías creativas de la sociedad dominicana.
El Estado debe ser eficiente, austero y orientado al servicio público, no una maquinaria de empleos.
Para el Movimiento MIRA República, la verdadera renovación política comienza por recuperar una idea fundamental de la tradición republicana: el Estado existe para servir a la nación, no para sostener estructuras políticas ni redes clientelares.
La República Dominicana necesita instituciones fuertes, un Estado responsable y una economía donde el empleo nazca de la productividad y la creación de valor, no de la expansión constante de la nómina pública.
Porque una nación se fortalece cuando su riqueza nace del trabajo, la innovación y la empresa; no cuando el Estado termina convertido en la mayor empresa de empleos del país.