Sin orden institucional no hay República
Una República no se sostiene en discursos ni en liderazgos circunstanciales. Se sostiene en el orden institucional. Cuando ese orden se debilita, la vida pública se vuelve errática, la ley pierde autoridad y el poder deja de ser un servicio para convertirse en una disputa permanente.
El orden institucional no es rigidez ni inmovilismo. Es la condición mínima para que la libertad política sea posible. Allí donde existen reglas claras, estables y respetadas, el poder encuentra límites y el ciudadano encuentra protección. Allí donde esas reglas se relativizan, todo queda a merced de la voluntad del momento.
No basta con que existan instituciones en el papel. El orden institucional es coherencia entre normas, prácticas y responsabilidades. Un Estado puede tener leyes, tribunales y organismos de control, y aun así carecer de verdadero orden si las reglas se aplican de forma selectiva, si las instituciones responden a intereses particulares o si el poder se ejerce sin contrapesos reales.
Contrario a una creencia extendida, el orden institucional no es enemigo de la libertad. Es su garantía. La ausencia de orden no produce más libertad, sino más arbitrariedad. Cuando las instituciones fallan, la ley se vuelve imprevisible, la confianza pública se erosiona y el ciudadano queda expuesto al abuso.
La degradación institucional rara vez ocurre de forma abrupta. Avanza lentamente, normalizando prácticas que parecen menores: la instrumentalización de la ley, la politización de los órganos de control, la confusión entre lo público y lo partidario. Con el tiempo, la República se vacía de contenido. Las instituciones siguen existiendo, pero dejan de cumplir su función esencial: servir al bien común por encima de intereses coyunturales.
Cuando el orden institucional se debilita, la política deja de ser una actividad civilizadora y se transforma en una lucha por el control del Estado. El debate público se empobrece, la responsabilidad se diluye y la desconfianza se instala como norma.
Restaurar el orden institucional no es solo una tarea legal. Es una tarea cívica. Exige liderazgo responsable, ciudadanía vigilante y una cultura de respeto a la norma. Exige comprender que no todo puede ni debe depender de la voluntad política del momento. Hay principios que deben permanecer firmes, incluso cuando resultan incómodos.
Una República no es un botín ni una plataforma de poder. Es un orden común que pertenece a todos. Defender el orden institucional no es una postura ideológica extrema ni conservadora. Es un acto de responsabilidad republicana. Sin orden, no hay ley. Sin ley, no hay libertad. Y sin libertad, la República deja de existir.