La imposibilidad de una reforma fiscal en un país que aún sangra por la corrupción
Plantear una reforma fiscal en la República Dominicana en estos momentos es no sólo improcedente, sino insensible frente al dolor de una población que ha visto cómo el dinero que debía servir para protegerla termina alimentando redes de corrupción que parecen no tener fondo. Es imposible hablar de más impuestos cuando el país aún no supera la indignación provocada por el escándalo del SENASA, un caso que golpeó directamente a los ciudadanos más vulnerables y dejó en evidencia las grietas morales del Estado.
El SENASA no es cualquier institución; es el seguro de salud de quienes menos tienen, de las familias que dependen de él para recibir medicinas, consultas, estudios y tratamientos que no podrían costear por sí mismas. Por eso, descubrir que fondos destinados a la salud pública fueron desviados, manipulados o utilizados de manera fraudulenta no solo indigna: duele profundamente, porque cada peso robado representa una vida afectada, un tratamiento postergado, una emergencia sin respuesta.
Para los ciudadanos decentes de este país, el caso del SENASA no es un titular más, no es un número en un expediente judicial: es una traición. Es ver cómo la corrupción le arrebata derechos a la gente más humilde. Es la confirmación de que algunos funcionarios, amparados por el poder, se sintieron intocables al punto de jugar con la salud de la nación.
Y ante un caso de esta magnitud, surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que el presidente no supiera? Un desfalco tan grave, dentro de una institución tan sensible y tan estratégica para el gobierno, no es algo que pase inadvertido. O sabía y guardó silencio, o no sabía y su equipo es incapaz de alertarlo. En ambos escenarios, las consecuencias son igual de graves: pérdida de confianza, falta de credibilidad y una sensación generalizada de abandono ético.
En medio de esta realidad, el gobierno pretende impulsar una reforma fiscal mientras cerca del 50 a 55% de la población depende de subsidios y la percepción de corrupción crece cada día. Es absurdo pedirle más sacrificios a un pueblo al que el Estado no ha protegido, al que ha dejado expuesto a redes de impunidad, y al que, además, se le exige financiar una estructura gobernada por el despilfarro, la improvisación y los gastos innecesarios.
Antes de pretender tocar el bolsillo de la ciudadanía, el gobierno debe demostrar que ha tocado fondo moral, que está dispuesto a erradicar la corrupción desde dentro y no sólo cuando estalla en los medios. Debe desmontar los privilegios ocultos, limpiar las instituciones capturadas por mafias administrativas y asumir responsabilidades políticas reales, sin escudos ni discursos vacíos.
No puede haber reforma fiscal sin reforma ética. No puede haber nuevas cargas tributarias mientras el dinero público sigue desapareciendo por las mismas grietas que todos conocen pero nadie se atreve a cerrar. El país no aceptará una reforma que solo sirva para seguir financiando un Estado que se desangra por corrupción, injusticia y mala administración.
Una reforma fiscal es importante, sí. Pero es moralmente imposible mientras el gobierno no dé un ejemplo contundente, creíble y verificable de que cada peso que recauda se utiliza para servir al pueblo, no para enriquecer a unos pocos.